Reforma eléctrica y minera - Implicaciones para Estados Unidos

Al no conseguir los votos necesarios para una reforma constitucional, la Cámara de Diputados frenó y rechazó la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador el día 17 de abril de 2022. El propósito de esta iniciativa de reforma constitucional era limitar drásticamente la participación privada en este sector.

Principales cambios planteados en la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.

Se planteó que la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica se llevara a cabo exclusivamente por el sector público.

Los artículos transitorios de la reforma constitucional establecían que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generara por lo menos el 54% de la energía requerida por México, mientras que el sector privado sólo podría participar hasta en un 46% en la generación de energía. Actualmente, la CFE y el sector privado tienen una participación del 38% y 62%, respectivamente, en la generación eléctrica.

La reforma constitucional también incluía que el gobierno mexicano tuviera a su cargo la explotación del litio y demás minerales estratégicos, así como prohibición de otorgar concesiones para la exploración y producción del litio.
La reforma constitucional eliminaba los “contratos legados” respecto a la compraventa de energía eléctrica.
La reforma constitucional tuvo como objetivo que la CFE basara su despacho de electricidad en orden de costos de mérito de producción, pero dando tratamiento preferencial a sus propias centrales.

A consideración de VTZ, la reforma constitucional tenía como objeto legitimar la reforma a la Ley de Industria Eléctrica del 2021 y las actuales medidas del gobierno mexicano para desplazar las inversiones privadas y obtener mayor participación en el mercado de generación de energía eléctrica. Si bien la iniciativa de reforma constitucional no fue aprobada, inversionistas extranjeros (e inclusive gobiernos) aún podrían recurrir a arbitrajes internacionales previstos en los tratados firmados por México.

El Litio y la Reforma a la Ley Minera

Cabe destacar que pocos días después del rechazo a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, la Cámara de Diputados y Senadores aprobaron una reforma a la Ley Minera. El día 20 de abril de 2022, la reforma legislativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor el día de hoy 21 de abril de 2022.

La reforma a la Ley Minera establece que el litio es de “utilidad pública” y, por lo tanto, queda prohibido otorgar concesiones, licencias o permisos en la materia. En dicha reforma también se plantea que el litio será “explotado” por una empresa del estado.

¿Qué hubiera implicado la reforma constitucional en caso de haber sido aprobada?

Previamente, la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Katherine Tai, expresó su preocupación por los cambios y desarrollos en materia energética y eléctrica en México. De hecho, los medios reportaron que el día 31 de marzo de 2022, Katherine Tai emitió una carta dirigida a la Secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, señalando que los cambios en materia energética constituyen una violación a obligaciones esenciales como el principio de no discriminación previsto en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

En dicha carta, la titular del USTR destacó la enorme e importante inversión que las empresas estadounidenses tienen en el sector eléctrico, aproximadamente alcanzando 10 mil millones de dólares. Asimismo, Katherine Tai mencionó que el gobierno estadounidense utilizará todas las medidas legales disponibles en el TMEC para “atender las preocupaciones” del gobierno de los Estados Unidos.  

Implicaciones para México

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C, en caso de que la reforma constitucional eléctrica hubiera sido aprobada, el gobierno mexicano habría tenido que comprometer el 0.65% del PIB de 2022 (182 mil millones de pesos) para compensar a las empresas privadas.

VTZ Reforma eléctrica y minera, implicaciones para Estados Unidos

"Los costos iniciales derivados por indemnizaciones, operación, inversión, subsidios y costos de salud podrían representar 0.94% del PIB de 2022. Esta cantidad representa un tercio del presupuesto destinado a salud en 2022 y 80% del presupuesto a seguridad pública."

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C

Implicaciones para Estados Unidos

De acuerdo con el National Renewable Energy Laboratory, la iniciativa de la reforma constitucional realmente daba pie a que el estado mexicano tuviera una participación mucho mayor en el mercado eléctrico. Es decir, se estimaba que el gobierno mexicano habría podido contar una participación del 74% en el sector eléctrico, mientras la participan del sector privado habría bajado del 60% al 26%, afectando la competitividad y las cadenas de valor de la región.

México no incluyó la Ley de la Industria Eléctrica en la lista o anexo de “medidas disconformes” en materia de inversión y servicios transfronterizos del TMEC. Sin embargo, el artículo 32.11 del TMEC permitió a México “reservar” medidas que fueran compatibles con reservas formuladas en otros tratados comerciales, tal y como ocurre en el TIPAT. Al igual que las recientes políticas en materia energética, la iniciativa de reforma constitucional fue ampliamente cuestionada como incompatible con los compromisos internacionales asumidos por México. Lo anterior, porque las reservas de México en el TIPAT son un fiel reflejo de la reforma energética del 2014, que creó un “piso parejo” para las empresas privadas vis-a-vis empresas del estado (CFE) y promovió el uso de energías limpias.

Por último, la reciente reforma a la Ley Minera y las restricciones a la “explotación” del litio también es altamente cuestionable a la luz del TMEC y otros tratados comerciales. Evidentemente, la explotación del litio por parte de una empresa del estado no está prevista como una “medida disconforme” en el TMEC o en alguna reserva de un tratado comercial.

En VTZ observamos que el gobierno de Estados Unidos sigue muy de cerca los desarrollos legales y judiciales en materia energética. El Reporte de Barreras Comerciales del 2022 del USTR incluyó un apartado “energético” de México, mencionando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisaría la constitucionalidad de las recientes reformas de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE); al respecto, informamos que la Suprema Corte no declaró como inconstitucionales las reformas a la LIE el día el 7 de abril de 2022.

Si bien es cierto que no se aprobaron cambios a la constitución y que los contrapesos institucionales aún pueden corregir el rumbo, también es cierto que México sigue tomando caminos altamente cuestionables con sus compromisos internacionales. Ahora con las restricciones a la explotación del litio, un mineral esencial para las baterías avanzadas y un insumo clave para cadenas de valor consideradas como “estratégicas” para los Estados Unidos, México continúa provocando a su principal socio comercial. En ese sentido, quizás sea una cuestión de tiempo para que el USTR active los mecanismos de solución de controversias del TMEC, creando la latente y eventual posibilidad de que se “suspendan beneficios” a México.

Para mayor información respecto a las posibles controversias de México bajo el TMEC, visita nuestra siguiente noticia: 

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