Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos
El 4 de noviembre de 2026 se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos (la Ley), con entrada en vigor el 5 de noviembre de 2026.
La Ley no prohíbe de manera general el efectivo y no fija un monto máximo general para utilizarlo, sino que busca ampliar el uso de pagos digitales y facilitar el acceso a servicios financieros.
Sin embargo, la Ley permite que los pagos digitales y electrónicos se conviertan en la única forma de pago en determinados sectores estratégicos o actividades relevantes. Para su implementación, deberán considerarse los siguientes aspectos:
- Determinación de sectores estratégicos o actividades relevantes con forma de pago digital electrónica exclusiva. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá determinar esos sectores o actividades dentro de los 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley, y podrá ampliar esa determinación posteriormente.
- Determinación de reglas de transición para sectores estratégicos o actividades relevantes. A partir de la publicación de esa determinación, las autoridades competentes de cada sector o actividad tendrán 15 días hábiles para emitir las reglas que establezcan las condiciones, requisitos y obligaciones para recibir únicamente pagos digitales y electrónicos, así como los mecanismos y plazos de transición gradual.
- Cobrar por medios digitales puede convertirse en una obligación. En los sectores que determine la SHCP, y conforme a las reglas y plazos aplicables, aceptar pagos digitales podrá dejar de ser una opción del negocio: será la única forma de cobro permitida, salvo las contingencias previstas en la Ley.
Las fallas técnicas no permiten volver al efectivo de forma permanente. Si una contingencia extraordinaria, imprevista o inevitable impide recibir pagos digitales, se podrá aceptar efectivo o cheque. Sin embargo, en los sectores sujetos a estas obligaciones, las contingencias no podrán utilizarse de manera permanente o recurrente para justificar su incumplimiento.
Los plazos señalados corresponden a actuaciones de las autoridades; no son, por sí mismos, fechas límite para que los negocios dejen de recibir efectivo. Cada sector deberá atender las reglas y los periodos de transición que le resulten aplicables.
Asimismo, la Ley establece medidas para facilitar la adopción de pagos digitales, ampliar el acceso a servicios financieros y simplificar los trámites relacionados con la actividad económica. Entre las principales destacan las siguientes:
- Implementar pagos digitales exige condiciones reales de operación. Los proveedores y las autoridades que los implementen deberán habilitar la infraestructura necesaria, informar a los usuarios cuáles medios aceptan y adoptar medidas para atender y, en su caso, subsanar las contingencias que impidan recibirlos, conforme a las disposiciones aplicables.
- Los gobiernos también deberán habilitar el pago digital. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán realizar las acciones necesarias para aceptar estos medios en sus trámites y servicios. Esta obligación no significa, por sí sola, que todos los pagos al gobierno deban efectuarse exclusivamente por esa vía.
- Las autoridades deberán facilitar el acceso al financiamiento y a los pagos digitales. La Ley les exige emitir disposiciones que eliminen barreras para acceder a créditos y financiamientos, así como impulsar programas de conectividad que permitan utilizar los medios de pago digitales. Su aplicación concreta dependerá de las medidas que emita cada autoridad.
- Las terminales de cobro podrán incorporar pagos mediante códigos QR. El Banco de México queda facultado para emitir, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reglas para que las entidades que ofrecen servicios de cobro con tarjeta mediante terminales permitan también recibir pagos mediante códigos QR. Esta medida requiere reglas técnicas y operativas; no significa que todas las terminales deban aceptar estos pagos de inmediato.
- Las entidades financieras deberán facilitar el financiamiento por medios digitales. Además de promover sus productos y las distintas modalidades de cuentas, deberán facilitar el otorgamiento de créditos, préstamos y financiamientos mediante herramientas digitales, conforme a las disposiciones aplicables. Esto no implica que las solicitudes deban aprobarse automáticamente.
- Los trámites relacionados con el desarrollo económico deberán seguir modelos comunes. Las autoridades federales, estatales y municipales tendrán que adoptar e implementar los modelos de homologación que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (Agencia). En términos prácticos, esto busca dar mayor uniformidad a los trámites que realizan las personas y las empresas ante distintas autoridades.
- Las autoridades deberán adoptar herramientas digitales para gestionar trámites e inversiones. La Ley exige implementar las soluciones tecnológicas que desarrolle y habilite la Agencia, entre ellas el Expediente Digital Ciudadano para personas físicas y morales, la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles. Su funcionamiento dependerá de su desarrollo y habilitación, por lo que la Ley no convierte automáticamente todos los trámites en digitales.
La Ley no crea impuestos, no aumenta tasas ni establece una nueva obligación fiscal general de declarar operaciones. No obstante, un mayor uso de pagos digitales puede facilitar el seguimiento de los cobros y su comparación con los ingresos declarados. En la práctica, esto podría contribuir a detectar ingresos omitidos y fortalecer la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales existentes.
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