Todo litigante laboral sabe que una jornada mal acreditada puede costarle a la empresa mucho más que una multa.
En esta tercera entrega de nuestro análisis, y aun en espera de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita las disposiciones de carácter general que determinen el ámbito de aplicación y las excepciones a esta obligación, queremos detenernos en un ángulo que casi nadie está discutiendo todavía: qué tan lejos nos lleva el registro electrónico el día que tenemos que probar la jornada laboral frente a una autoridad o frente a un juez.
Ya revisamos los puntos medulares de la reducción de jornada y desmenuzamos los requisitos que debería cumplir un proveedor de sistemas de registro. Pero falta la pregunta que más nos interesa como litigantes: ¿de verdad nos sirve este registro para presentar evidencia, tanto en una inspección como en un juicio laboral?
Índice del artículo
Del reloj checador al clic: una obsesión que no es nueva
Quien ha trabajado de cerca con la industria de la maquila, automotriz o manufacturera conoce bien las famosas tarjetas checadoras y el reloj checador, con sus sellos, sus tintas y, en más de una planta, firmas hechas a mano. A primera vista parece un método arcaico. Pero esa obsesión por dejar constancia de cada entrada y cada salida tiene una raíz mucho más profunda, y esa raíz es el litigio.
Quien pasó por las extintas Juntas de Conciliación y Arbitraje, o incluso quien litiga hoy en los nuevos juzgados laborales, sabe que acreditar la jornada como empleador puede convertirse en una verdadera pesadilla procesal. Relojes checadores, tarjetas y hasta los sistemas biométricos que llevan años instalados en muchas plantas suelen terminar sometidos a peritajes, con el consecuente costo adicional de litigio y sin ninguna garantía de que el juzgador les dé el valor probatorio esperado.
La promesa de la ley: de la pesadilla pericial a la prueba plena
Frente a ese escenario, hay que reconocerlo: más allá de la carga que representa para el empleador instalar un registro electrónico, hay un avance real en que la Ley Federal del Trabajo reconozca que el contenido de ese registro puede constituir prueba plena en un litigio.
Ahora bien, que una empresa ya tenga lista su estrategia de reducción de jornada rumbo a 2030, e incluso ya tenga proveedor contratado, no es lo que la va a sostener frente a un juez. Eso resuelve el reto operativo, no el probatorio.
Para efectos de una inspección, es razonable asumir que basta con acreditar el cumplimiento normativo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero frente a un juicio, la pregunta cambia de naturaleza: ¿qué hace falta para que ese registro realmente alcance la calidad de prueba plena?
Inspección
Acreditar el cumplimiento normativo ante la autoridad laboral.
Litigio
Demostrar que el registro puede alcanzar el valor de prueba plena bajo las condiciones previstas en la ley.
El requisito que nadie puede saltarse: el acuerdo mutuo
La respuesta existe, aunque solo resuelve parte del problema. El propio artículo 132, fracción XXXIV, en su último párrafo, señala que el contenido del registro electrónico hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y la persona empleadora.
El contenido del registro electrónico hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y la persona empleadora.
Artículo 132, fracción XXXIV, último párrafo, según el análisis.Es decir, el mutuo acuerdo es el requisito esencial para que el registro tenga ese peso probatorio. Y aquí es donde conviene no relajarse, porque la ley no dice cómo ni dónde debe plasmarse ese acuerdo. ¿Se pacta en el contrato individual de trabajo? ¿Se incorpora al Reglamento Interior de Trabajo? O, si somos pragmáticos y pensamos en clave tecnológica, ¿se entiende acordado cada vez que la persona trabajadora registra su entrada o salida en el sistema?
Desde nuestra óptica, ninguna de esas vías por sí sola es suficiente. Una empresa debería robustecer sus contratos individuales de trabajo, actualizar el Reglamento Interior de Trabajo y, cuando exista sindicato, trabajar de la mano con él para capacitar a los trabajadores en el uso correcto y efectivo de los sistemas electrónicos. El acuerdo tiene que construirse en varios frentes a la vez, no dar por hecho que uno solo cubre a los demás.
Y aquí insistimos en algo que repetimos en cada entrega: contar con un equipo de especialistas en derecho laboral no es una carga para la empresa, es un aliado en la toma de decisiones de negocio y, sobre todo, en la mitigación de riesgos.
Tres frentes que conviene revisar
01 · Contratos individuales de trabajo
Robustecer los contratos para documentar adecuadamente el acuerdo sobre los sistemas electrónicos de registro.
02 · Reglamento Interior de Trabajo
Actualizar las disposiciones internas y revisar su relación con el sistema de registro.
03 · Sindicatos y capacitación
Cuando exista sindicato, trabajar conjuntamente y capacitar a los trabajadores en el uso correcto y efectivo del sistema.
Ahora bien, queda otra cuestión que también se somete a la interpretación del acuerdo mutuo, y es la relativa a las funciones de confianza o a los puestos en los que, por su propia naturaleza, el trabajador cuenta con cierta autodeterminación sobre su jornada, ya sea porque desempeña labores fuera del centro de trabajo (ventas, supervisiones, visitas a clientes, conferencias, reuniones externas) o porque su actividad no se desarrolla bajo un esquema de presencia fija.
¿Estos trabajadores quedan sujetos, en los mismos términos, a las funciones de vigilancia de este sistema de registro? Y si la respuesta es afirmativa, ¿a través de qué mecanismo se ejercerá esa supervisión cuando no existe un punto de entrada y salida físico y constante?
La ley no distingue expresamente entre uno y otro tipo de puesto, por lo que esta es, nuevamente, una zona donde el acuerdo mutuo, y su instrumentación práctica, deberá analizarse caso por caso, atendiendo a la naturaleza real de las funciones desempeñadas y no únicamente a la categoría formal del puesto.
¿Qué ocurre con quienes no tienen un punto fijo de entrada y salida?
Los puestos de confianza, las labores fuera del centro de trabajo y las funciones con autonomía requieren un análisis caso por caso.
¿Casualidad regulatoria o jugada calculada?
Como cierre de esta reflexión, vale la pena preguntarse: ¿la autoridad encontró, casi sin querer, la forma de "ayudar" a los patrones a acreditar la jornada frente a un litigio? ¿O es, más bien, que se dio cuenta de las consecuencias prácticas de su propia reforma a la jornada laboral?
En VTZ creemos que la reforma en materia de reducción de jornada no solo representa un reto técnico, tanto en el diseño normativo interno como en la búsqueda del proveedor adecuado para instalar estos sistemas electrónicos. Representa, sobre todo, un reto de conciencia: cambiar la idea, muy arraigada en México, de que pasar más horas en el trabajo es sinónimo de ser más productivo.
Ponemos a disposición de nuestros clientes a un equipo que no solo asesora en la forma y en el fondo, sino también en la parte más importante: la humana. Esa que exige capacitar para entender que una jornada de 48 o de 40 horas debe mirarse siempre desde la lógica de producir más en menos tiempo. Y si tomamos en serio la exposición de motivos de esta reforma, que apuesta precisamente por ganar productividad reduciendo horas, la consecuencia natural es clara: hay que encontrar, de una vez por todas, un balance real entre la vida y el trabajo.
¿Su registro electrónico resistiría una inspección y un litigio?
¿Su empresa ya está preparada para que su registro electrónico resista una inspección y, sobre todo, un litigio? Conversemos.
Conversemos ↗Every labor litigator knows that a poorly documented work schedule can cost a company far more than a fine.
In this third installment of our analysis, and while we still await the general rules that the Ministry of Labor and Social Welfare (Secretaría del Trabajo y Previsión Social) will issue to determine the scope of application and the exceptions to this obligation, we want to pause on an angle almost no one is discussing yet: how far electronic time-tracking records actually take us on the day we have to prove working hours before an authority or a judge.
We have already covered the key points of the working-hours reduction and broken down the requirements a time-tracking system provider should meet. But there is a question left that matters most to us as litigators: does this record help us present evidence, both in an inspection and in a labor lawsuit?
Article contents
From the time clock to the click: an obsession that isn't new
Anyone who has worked closely with the maquiladora, automotive, or manufacturing industry knows the famous timecards and time clocks well, with their stamps, their ink, and, in more than one plant, handwritten signatures. At first glance it looks like an outdated method. But this obsession with documenting every clock-in and clock-out has a much deeper root, and that root is litigation.
Anyone who went through the former Conciliation and Arbitration Boards, or who litigates today before the new labor courts, knows that proving working hours as an employer can become a true procedural nightmare. Time clocks, cards, and even the biometric systems that have been installed in many plants for years often end up subjected to expert examination, with the resulting additional litigation cost and no guarantee that the judge will give them the evidentiary weight expected.
The law's promise: from expert-witness nightmare to full evidentiary value
Faced with that scenario, it must be acknowledged: beyond the burden that installing an electronic record places on the employer, there is real progress in the fact that the Federal Labor Law now recognizes that the content of that record can constitute full evidence in litigation.
That said, a company having its working-hours reduction strategy ready for 2030, and even having already hired a provider, is not what will hold up before a judge. That solves the operational challenge, not the evidentiary one.
For purposes of an inspection, it is reasonable to assume that demonstrating regulatory compliance before the Ministry of Labor and Social Welfare is enough. But in the context of a lawsuit, the question changes in nature: what is required for that record to attain the status of full evidence?
Inspection
Demonstrating regulatory compliance before the labor authority.
Litigation
Showing the time record meets the conditions for full evidentiary value under the law.
The requirement no one can skip: mutual agreement
The answer exists, although it only solves part of the problem. Article 132, section XXXIV, in its last paragraph, states that the content of the electronic record will constitute full evidence if it is shown to have been agreed upon between the employee and the employer.
Electronic time records may have full evidentiary value when agreement between the employee and employer is demonstrated.
Article 132, section XXXIV, final paragraph, as discussed in the article.In other words, mutual agreement is the essential requirement for the record to carry that evidentiary weight. And this is where one should not get complacent, because the law does not say how or where that agreement must be documented. Is it set out in the individual employment contract? Is it incorporated into the Internal Work Regulations? Or, if we take a pragmatic, technology-driven view, is it understood to be agreed upon every time an employee clocks in or out on the system?
From our perspective, none of these avenues is sufficient on its own. A company should strengthen its individual employment contracts, update its Internal Work Regulations, and, where a union exists, work hand in hand with it to train employees on the correct and effective use of electronic systems. The agreement must be built on several fronts at once, rather than assuming that one alone covers the rest.
And here we reiterate something we repeat in every installment: having a team of labor law specialists is not a burden for the company, it is an ally in business decision-making and, above all, in risk mitigation.
Three areas worth reviewing
01 · Individual employment contracts
Strengthen contractual documentation to address the electronic time-recording system.
02 · Internal Work Regulations
Review internal workplace rules and their connection to the time-recording mechanism.
03 · Unions and training
Where a union exists, coordinate with it and train employees in the proper and effective use of the system.
That said, there is another question that also falls to the interpretation of mutual agreement, namely the one relating to positions of trust or roles in which, by their very nature, the employee has a degree of self-determination over their working hours, whether because they perform duties outside the workplace (sales, field supervision, client visits, conferences, external meetings) or because their activity does not follow a fixed-presence scheme.
Are these employees subject, on the same terms, to this record system's monitoring functions? And if so, through what mechanism will that oversight be carried out when there is no fixed, physical clock-in and clock-out point?
The law does not expressly distinguish between one type of position and another, so this is, once again, an area where the mutual agreement, and how it is implemented in practice, will need to be analyzed on a case-by-case basis, based on the actual nature of the duties performed rather than solely on the formal job category.
What happens when there is no fixed clock-in or clock-out location?
Positions of trust, off-site work and roles involving autonomy over work schedules require case-by-case analysis.
Regulatory coincidence or calculated move?
To close this reflection, it is worth asking: did the authority stumble, almost by accident, onto a way to "help" employers prove working hours in litigation? Or, rather, did it realize the practical consequences of its own working-hours reform?
At VTZ, we believe that the working-hours reduction reform represents not only a technical challenge, both in designing internal policies and in finding the right provider to install these electronic systems. Above all, it represents a challenge of mindset: changing the deeply rooted idea in Mexico that spending more hours at work is synonymous with being more productive.
We make available to our clients a team that advises not only on form and substance, but also on the most important part: the human element. The part that requires training people to understand that a 48-hour or 40-hour workweek should always be viewed through the lens of producing more in less time. And if we take seriously the legislative rationale behind this reform, which is precisely aimed at gaining productivity by reducing hours, the natural consequence is clear: it is time to finally find a real work-life balance.
Would your electronic time records withstand an inspection and litigation?
Is your company already prepared for its electronic time record to withstand an inspection and, above all, litigation? Let's talk.
Let's talk ↗


